La Policía realiza una campaña contra el uso fraudulento de las tarjetas de estacionamiento de personas con movilidad reducida

La Policía Local de Cártama está llevando a cabo una campaña para combatir el mal uso que se realiza de las tarjetas  de estacionamiento de personas con movilidad reducida y que suponen un claro atentado contra los derechos de estas personas.

La tarjeta de estacionamiento que se concede a una persona con problemas de movilidad, al no contener información sobre el automóvil, puede ser usada en cualquier vehículo en el que se desplace dicha persona. No obstante, este documento es personal e  intransferible y, obligatoriamente, la persona titular debe viajar en el vehículo.

Fraude tarjetas discapacidad Cártama

En los casos en que se detecta un mal uso o se comprueba que la tarjeta está caducada o está falsificada, no sólo se procede a la retirada del documento, sino que, además, se denuncia administrativamente por el Reglamento de Circulación con 200 euros de sanción y la posible retirada con la grúa del vehículo infractor.

La labor que están realizando los agentes de la Policía se centra en vigilar las zonas delimitadas para el estacionamiento de personas con discapacidad para asegurar que se hace un buen uso de estos espacios.
La iniciativa no ha tardado en dar frutos, ya que en una sola mañana los agentes intervinieron media docena de tarjetas por diferentes infracciones como la utilización de una tarjeta caducada, el uso de ellas por persona distinta a la autorizada o, la más grave, la falsificación de la tarjeta mediante fotocopia a color de la original. Otra infracción denunciada ha sido el uso de una tarjeta que pertenecía a una persona ya fallecida.

En todos los casos la Policía interviene la tarjeta, remitiéndola a los Servicios de Gestión de Servicios Sociales de las Delegaciones Territoriales de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y se procede a denunciar el estacionamiento ilícito. Sin embargo, cuando la tarjeta no es original o el infractor no es el autorizado, se puede cometer un delito de falsedad documental que se pena con prisión de seis meses a tres años.